Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, señaló que el país cerrará el año con una disposición de 36% de los alimentos requeridos para satisfacer los parámetros nutricionales de los venezolanos. Aunque en comparación con 2018, hubo una tendencia a la mejora en algunos rubros.

El experto detalló que en el país se delimitan claramente dos tipos de clases sociales que se diferencian no solo por la cantidad de ingresos sino si lo obtienen en divisas o en bolívares. Esta deformidad en la economía está haciendo que los mayores volúmenes alimentarios se concentren en el sector más rico, que representa 40% de la población, y que la vulnerabilidad alimentaria se profundice entre 50% y 60% de los venezolanos.

Clasificó el problema de desigualdad alimentaria en dos tipos: desigualdad de ingresos y un sistema de desigualdad territorial, lo cual se traduce en afectaciones nutricionales.

«Hay dos conjuntos de población en vulnerabilidad extrema y que padecen las consecuencias de la desigualdad. En primer lugar, la población que no tienen acceso a divisas (más de 60%). En segunda instancia, las poblaciones periféricas. Tenemos una pérdida de capilaridad del sistema de distribución de alimentos en Venezuela; por tanto, las cargas no se movilizan más allá de las ciudades intermedias, no llegan a las poblaciones rurales, ciudades menores”, indicó.

– Soluciones a la crisis alimentaria –

Para estabilizar la situación de escasez y falta de producción reinante en la nación, Arciniega propuso tres medidas que a mediano plazo contribuirán a la mejora de la crisis.

“Que se cumpla esa premisa que los alimentos no son armas. En segunda instancia, la creación de un mecanismo que permita a la República la exportación de sus bienes y obtener divisas para poder ejecutarlos. En tercera instancia, que se logre un acuerdo para que un tercero imparcial sea el ejecutor de las inversiones, importaciones y la contratación de los servicios que permitan recuperar el sector alimentación, al menos en unos niveles básicos que contribuyan a la regeneración de las capacidades nutricionales de los venezolanos», expresó.

El portavoz de Ciudadanía en Acción aseguró que implementando estas medidas, en un lapso menor a tres meses el país tendría una mejora sustancial en la disposición de alimentos.

«Lo que falta en este momento no son recursos; el Estado tiene 60 veces más recursos que el plan humanitario que está implementándose en el país. Si lográramos un esquema en el cual esos recursos fueran destinados a aliviar la inseguridad alimentaria que padecen los venezolanos, tendríamos una mejoraría sustancial en la capacidad alimentaria de los ciudadanos», subrayó.

No descartó la implementación del plan «Petróleo por alimentos» que sea manejado por la Organización de Naciones Unidas.

Al respecto, manifestó su preocupación por el estancamiento de solicitud de un crédito a la Corporación Andina de Naciones para la solución de la crisis eléctrica en Venezuela.

«Queremos manifestar nuestra preocupación de que el crédito en condiciones de respuesta a la emergencia humanitaria, en el caso del sector energético, se ha bloqueado por los actores políticos; entendemos que ese crédito tiene problemas de formulación, entendemos que hay déficit técnico, pero esto no puede ponerse por encima del bienestar de la gente», señaló.

Arciniega explicó que 1.000 megavatios colocados en el occidente de Venezuela, que tiene un déficit superior a 80%, implica una mejora en la calidad de vida de la población.

«Implica mejora en los sistemas sanitarios, la posibilidad de regenerar el sistema educativo y aún más importante: la posibilidad de que los tres grandes estados de producción de alimentos en el occidente de Venezuela que son el estado Táchira, Mérida y Zulia puedan volver a contribuir con su aparato primario y su aparato agroindustrial a la alimentación de los venezolanos», concluyó.

SDW/Con información de El Nacional

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