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ONU exige a Maduro medidas para frenar violaciones de derechos humanos

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La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó hoy al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, a acabar con «las graves vulneraciones de derechos» en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michele Bachelet.

El informe, que mañana, viernes, presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.

También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.

En este sentido menciona a los «colectivos», y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o grupos afines al régimen.

Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta «resistencia a la autoridad» y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.

El informe publicado hoy indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Ante estos abusos, «son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial», subraya el informe, que destaca que «quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos».

El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del Gobierno de «imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes».

«El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión», afirmó Bachelet en el comunicado de hoy.

SDW/EFE

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