México quiere ser quien juzgue a sus funcionarios corruptos

Foto: Agencia

El canciller Marcelo Ebrard dijo el jueves que México no quiere que sus servidores públicos acusados de corrupción sean enjuiciados en Estados Unidos, una medida que podría revertir la larga tradición de que los casos más sonados de corrupción acaben en tribunales estadounidenses. Sin embargo, el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el gobierno mexicano sigue dispuesto a cooperar en materia de extradición tanto de narcotraficantes como de sus cómplices.

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Esta serie de declaraciones tuvo lugar un día después de que Estados Unidos desistiera de enjuiciar por tráfico de drogas y lavado de dinero al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, cuya detención el mes pasado en Los Ángeles enfureció al gobierno mexicano y suscitó una dura negociación diplomática hasta que el ejecutivo logró que el general regresara a México para ser investigado en el país.

El portavoz presidencial, Jesús Ramírez, explicó a The Associated Press que se mantendrán los tratados de cooperación con Washington, pero México espera que haya procesos formales de intercambio de información y extradición.

“Lo que no queremos son acciones sorpresa”, subrayó en aparente referencia al arresto del general. En el caso de narcotraficantes o de personas que tengan delitos en los dos países “se justifica que sean juzgados en Estados Unidos”, agregó

Ramirez matizaba así las declaraciones hechas horas antes por Ebrard, en las que indicó que lo que se había convenido y conversado con Washington a raíz del caso Cienfuegos fue que “quienes resulten responsables de acuerdo a nuestras leyes sean procesados, juzgados y, en su caso, sentenciados en México, por México y no en otros países”.

El canciller sugería así que el acuerdo que llevó a la liberación del general iba más allá del militar y tenía otras implicaciones.

En respuesta a los comentarios de Ebrard, un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no se habían alcanzado nuevos acuerdos entre los dos países. El funcionario pidió el anonimato por no estar autorizado a discutir públicamente los detalles de conversaciones diplomáticas privadas.

Poco más tarde, Roberto Velasco, director general de Asuntos de América del Norte de México, señaló que los delitos cometidos en este país se investigarán y enjuiciarán en México pero “en cuanto al crimen transnacional que involucra a ambos países, o a terceros, ambos gobiernos seguiremos compartiendo evidencia y datos disponibles, para posteriormente evaluar cómo proceder con base en los casos específicos”.

Con información de AP

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