José Brito se burló de nuevas sanciones y el presidente de Venezuela se lamenta y señala que las sanciones que a ello se debe la limitada respuesta ante la pandemia.

El presidente de la Comisión de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional, José Brito, se refirió en tono de burla a las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) a 19 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

«¿Qué me sancionaron? Cuerda de payasos», escribió Brito en su cuenta de Twitter, en la que incluyó varios emojis de caritas riéndose por la noticia de las sanciones.

En la publicación, Brito incluyó un gif de un hombre riéndose.

Este lunes 22 de febrero el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE anunció restricciones de activos y prohibiciones de viajes a 19 funcionarios. Con esto aumenta a 55 el número de personas asociadas al régimen de Maduro que tienen sanciones.

La medida la tomó la UE como respuesta a los actos y decisiones que atentan contra la democracia y el Estado de derecho en Venezuela. También se tomaron como consecuencia de las graves violaciones cometidas contra los derechos humanos.

A estos funcionarios se les acusa de atentar contra la democracia al socavar los derechos electorales de la oposición en la Asamblea Nacional legítima. La decisión de la UE se tomó, además, para evitar consecuencias en la población venezolana y un empeoramiento de la crisis humanitaria en el país.

Pero mientras esta es la posición del presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el presidente de Venezuela se lamenta y señala que las sanciones que a ello se debe la limitada respuesta ante la pandemia.

Nicolás Maduro, aseguró que las sanciones internacionales que incluyen el bloqueo en el exterior de activos pertenecientes a Venezuela, impiden que el país ofrezca una mejor respuesta a la crisis social y sanitaria causada por el COVID-19.

En una intervención virtual durante la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este 22 de febrero, Maduro dijo que Venezuela afronta más de 450 medidas punitivas que buscan “ejercer una presión desmedida y una persecución” en su contra, con el fin último de provocar un cambio de gobierno.

La administración de Maduro cifra en al menos 30.000 millones de dólares los activos a los que no puede acceder por las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea y que –según el mandatario- servirían para cubrir necesidades básicas de la población.

“Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, desacatando los llamados de la comunidad internacional”, dijo Maduro al Consejo de Derechos Humanos (CDH), el foro internacional más importante en este ámbito y que se celebra desde Ginebra en formato esencialmente virtual.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, consideró en el pasado que las sanciones financieras contra Venezuela no son la forma más eficaz de propiciar la colaboración del gobierno de Maduro.

Una misión de investigación creada por mandato del CDH y que trabaja bajo el amparo de la Oficina de Bachelet corroboró graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo eventos que pueden representar crímenes contra la humanidad y de los que altos responsables del gobierno habrían sido cómplices.

En lugar de ello, el mandatario denunció que las sanciones económicas se incrementaron y que ésta es la causa de la crisis humanitaria que padece el país y que en los últimos cinco años ha provocado un éxodo de más de 5 millones de personas.

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Maduro prometió colaborar con el CDH, pero mantuvo su posición de rechazar “cualquier mecanismo inquisidor que pretenda usar la causa de los derechos humanos como herramienta política”.

Sostuvo que se trata de “provocaciones ideologizadas” que no perturbarán la colaboración que ha empezado su régimen con la Oficina de Bachelet, que por ahora se limita a la presencia de un puñado de observadores que hacen un seguimiento de la situación desde dentro del país.

No obstante, el objetivo de Bachelet es establecer una oficina en Caracas, que pueda trabajar de forma independiente y con un alcance más amplio, lo que Maduro no acepta hasta ahora.

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