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Más de 10 mil personas han sido admitidas en Estados Unidos hasta ahora. Quedan más de 30 mil cuyos pedidos de asilo fueron rechazados o desestimados

En marzo del 2020, Estela Lazo se presentó ante el juez de inmigración Lee O’Connor con sus dos hijos, con los músculos tensos y un nudo en la garganta. ¿Le concederían asilo?

La respuesta de O’Connor: No. Ni consideraría la solicitud.

El juez, no obstante, hizo algo que le permitió alentar esperanzas. Dictaminó que era ilegal obligar a esta familia hondureña esperar una respuesta definitiva a su solicitud en México, como disponía uno de los pilares de la política inmigratoria del gobierno de Donald Trump pensada para desalentar los pedidos de asilo. O’Connor dijo que desestimaba su caso por los pasos en falso del gobierno y programó otra vista en un tribunal de San Diego al mes siguiente.

La familia, irónicamente, fue enviada de vuelta a México a esperar la nueva vista.

Y cuando Lozano, su hijo de diez años y su niña de seis, se presentaron en un cruce fronterizo de Tijuana para asistir a esa cita, las autoridades estadounidenses les negaron la entrada diciendo que su caso había sido cerrado.

El hecho de que no se hayan siquiera considerado los méritos de la solicitud de Lazo es una de las numerosas anomalías de la política de “Quédate en México”, un esfuerzo inusual que con frecuencia iba en contra de principios básicos de la justicia, como el derecho a ser escuchado en un tribunal.

Al eliminar muchas de las medidas de Trump sobre la inmigración que considera inhumanas, el presidente Joe Biden enfrenta un dilema: ¿Qué tan lejos debe llegar en sus esfuerzos por corregir lo que considera los errores de su predecesor en ese terreno?

Biden suspendió la política de “Quédate en México” el día en que asumió la presidencia y poco después dijo que unas 26.000 personas con solicitudes de asilo pendientes podían esperar la resolución de sus casos en Estados Unidos. El procesamiento de esas solicitudes puede tomar años porque los tribunales de inmigración tienen muchos casos pendientes. Más de 10.000 de esas personas fueron admitidas en Estados Unidos hasta ahora.

Pero quedan más de 30.000 cuyos pedidos de asilo fueron rechazados o desestimados en el marco de esa política, llamada oficialmente “Protocolos de Protección del Migrante”. Activistas presionan para que estas personas reciban otra oportunidad.

Muchas personas que buscaban asilo y cuyas solicitudes fueron rechazadas por no presentarse a las vistas dicen que fueron secuestradas en México. Otras estaban enfermas o temerosas de ir a un cruce fronterizo a las cuatro y media de la mañana en una ciudad peligrosa. Human Rights First, una agrupación de activistas, contabilizó más de 1.500 denuncias de ataques a personas afectadas por esa política.

Dificultades para encontrar abogados en México hicieron que resultase complicado conseguir representación legal, contribuyendo a que apenas un 1,6% de las solicitudes consideradas fuesen aprobadas. Las autoridades dieron a las personas que solicitaban asilo una lista de abogados baratos o que no cobraban, pero las personas en esa lista no contestaban llamadas telefónicas ni respondían a mensajes.

Hay además unos 6.700 casos como el de Lazo que fueron desestimados, de acuerdo con el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Estas situaciones se dieron mayormente cuando los jueces consideraban que el gobierno había fallado al aplicar sus políticas inmigratorias. Muchos solicitantes de asilo fueron enviados de vuelta a México por tiempo indefinido, en algunas instancias después de que las autoridades estadounidenses llenasen formularios con citas falsas para asegurarse de que México los recibía.

“Nunca me dieron una oportunidad de ser escuchada por primera vez”, declaró Meleissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center que demandó al gobierno por esa política.

Igual que les pasó a otros presidentes, la inmigración está resultando un tema candente para Biden, quien apoya dar la posibilidad de obtener la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes sin permiso de residencia que se estima hay en el país, suspendió la construcción de muros en la frontera con México y anuló otras medidas de línea dura. Pero titubeó antes de cambiar la cifra de refugiados a ser reubicados, que fue la más baja de la historia bajo el gobierno de Trump, y no tiene respuesta para la gran cantidad de personas que quieren pedir asilo del lado mexicano de la frontera ni para acelerar la tramitación de esas solicitudes. En marzo, se registró la mayor cantidad de menores no acompañados de la historia y en abril la segunda cantidad más alta.

El gobierno todavía no ha dicho si las personas a las que se les negó asilo o cuyos pedidos fueron desestimados en el marco de la política “Quédate en México” recibirán otra oportunidad. Cuando se les pregunta al respecto, los asesores de Biden solo dicen que se anunciará pronto un sistema “humano” para considerar los pedidos de asilo.

“Seguiremos dando prioridad a los sectores más vulnerables que han esperado más tiempo”, dijo Andrea Flores, experta en inmigración del Consejo de Seguridad Nacional, al hablar con periodistas en abril.

En San Diego fueron desestimadas más de 5.600 solicitudes, muchas de ellas por solo dos jueces: Scott Simpson, un ex abogado de la Armada y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y O’Connor, un ex abogado de inmigración que estalló algunas veces al aplicar la política de “Quédate en México”.

Cuando un abogado del DSN cuestionó a O’Connor durante una audiencia en octubre del 2019, el juez, visiblemente molesto, le recordó que juró hacer respetar las leyes de Estados Unidos, “no permitir que fuesen violadas en forma flagrante”.

Para Lizeth —quien habló con la Associated Press a condición de no ser identificada por temor a represalias—, un fallo de O’Connor dio paso a una pesadilla kafkiana.

Lizeth escapó de Santa Ana, en El Salvador, en enero del 2019, porque un policía quería obligarla a que se acostase con él. Tenía 31 años y no se despidió de sus cinco hijos, de cinco a 12 años, por temor a que el policía descubriese dónde vivían, según dijo.

Su libertad duró poco. Relató que fue secuestrada cerca de la frontera entre México y Guatemala y que sus captores la llevaron en una camioneta a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, frente a El Paso, y la obligaron a prostituirse. Dijo que la amenazaron, a ella y otras mujeres en su misma situación, con sacarles los órganos para venderlos. Escapó cuatro meses después e ingresó ilegalmente a Estados Unidos por San Diego.

Cuando O’Connor desestimó el caso de Lizeth en octubre del 2019, diciendo que había sido devuelta ilegalmente a México, el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (conocido por sus siglas CBP) le dio un papel con una cita para el 16 de diciembre, pero nunca programó esa vista. Cuando se le preguntó por esas citas falsas que recibieron muchos solicitantes de asilo, el CBP dijo que en realidad no eran citas para una audiencia sino fechas en las que debían averiguar el status de sus solicitudes. La papeleta, sin embargo, no decía eso y las consultas sobre el status de un caso se hacen por teléfono o por la internet.

Enviada de vuelta a México, Lizeth quedó varada en Tijuana. Vivió con una prima en un departamento de un dormitorio escasamente amoblado, con pisos de cemento y paredes de madera terciada, temerosa de salir a la calle. El barrio estaba lleno de casas vacías, a mitad construir, ocupadas por drogadictos e invasores. Dijo que recibió una golpiza cuando llegó al barrio.

“La decisión del juez no fue acatada”, sostuvo.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, dijo que no comenta los fallos de los jueces.

Judith, quien se identificó como una LGBT que escapó de Honduras tras recibir amenazas por su orientación sexual, se presentó tarde a su segunda vista en noviembre del 2019. No leyó bien las instrucciones que le habían dado de que se presentase a un cruce fronterizo de Tijuana a las cuatro y media de la madrugada. Judith, quien pidió no ser identificada por temor a represalias, dijo que las autoridades estadounidenses la detuvieron a ella y a su hija, que ahora tiene 10 años, durante cuatro días, hasta que las dejaron ir con instrucciones de regresar a una vista en tres meses.

Cuando se presentó en la frontera en febrero del 2020, le dijeron que su solicitud había sido desestimada.

“Me presenté y me dijeron que mi pedido no estaba en el sistema”, declaró Judith, quien afirma haber recibido amenazas de secuestradores en Tijuana. “Me quedé muda. No podía hacer nada”.

Robyn Barnard, abogado de Human Rights First que representa a solicitantes de asilo cuyos pedidos fueron desestimados, dice que coincide con los jueces en que se aplicó la política en forma ilegal, pero que su “activismo judicial” terminó perjudicando a los solicitantes de asilo.

“El resultado fue que dieron por concluidos estos casos y (el DNS) seguía enviando a la gente de vuelta a México, donde permanecían varados sin que se hubiese puesto en marcha un pedido” de asilo, agregó.

No está claro qué tan a menudo el CBP daba citas falsas para que los solicitantes de asilo fuesen enviados de regreso a México, pero abundan los relatos que indican que fue algo frecuente durante cierto tiempo, de acuerdo con el abogado de San Diego Bashir Ghazialam, que tiene una docena de clientes que recibieron citas falsas a fines del 2019, después de que sus casos habían sido desestimados, y sabe de otras tres docenas de casos que manejan otros abogados.

Luego de que el gobierno de Biden anunció en febrero que la gente con solicitudes en trámite podía volver a Estados Unidos, el Jewish Family Service de San Diego, que ofrece albergue temporal a personas que pidieron asilo, se enteró de 27 casos de personas que habían sido enviadas de vuelta a México con citas falsas. Sus solicitudes fueron desestimadas y no podían regresar.

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, dice que se enteró de las citas falsas por informes de la prensa y de organizaciones no gubernamentales a fines del 2019, luego de lo cual las autoridades de inmigración mexicanas examinaron los documentos de los solicitantes de asilo que habían sido devueltos a México. Da la impresión de que esa práctica duró tres meses.

Un apunte en la opinión escrita del juez O’Connor resalta lo que se cree es una de las grandes fallas de esta política: Las personas que piden asilo generalmente no tienen una dirección en México, pero las autoridades estadounidenses envían sus notificaciones por correo. Los formularios a menudo dicen que el solicitante tiene un “domicilio conocido”.

O’Connor escribió que se usa la expresión “domicilio conocido” en los pueblos pequeños de México donde el personal del correo conoce a todo el mundo, pero es “totalmente inadecuado” emplearlo en una ciudad del tamaño de Tijuana, que tiene 2 millones de habitantes. Sin una dirección fija, teléfono o acceso a la internet en México, es imposible para un solicitante de asilo recibir notificaciones sobre sus pedidos, por lo que se los priva de sus derechos, según activistas.

La razón principal por la que se desestimaban las solicitudes es un tecnicismo: Solo las personas que se presentan en cruces fronterizos formales eran consideradas para la política de “Quédate en México”. Las que cruzaban ilegalmente la frontera, no. El 90% de los solicitantes de asilo cruzaban la frontera ilegalmente.

La Patrulla Fronteriza dejaba en blanco un casillero en el que se especificaba cómo había cruzado la frontera el solicitante de asilo. Cuando ellos se presentaban a sus citas, las autoridades corregían los formularios y decían —falsamente— que inicialmente se habían presentado en un cruce fronterizo oficial.

“Somos un país que se rige por leyes”, escribió O’Connor, agregando que la gente que cruzó la frontera ilegalmente fue devuelta a México “en forma extrajudicial y sin ninguna autorización legal”.

O’Connor rechazó el 95% de las solicitudes de asilo del 2015 al 2020. Es una de las tasas de rechazo más altas del país, lo que sorprende y decepciona a muchos activistas. Antes de ser nombrado juez en el 2010, fue abogado del Legal Services’ Immigrants & Language Rights Center de Indiana durante diez años y de la Legal Aid Society de San Diego durante cinco.

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Amy Maldonado, una abogada que consideraba a O’Connor un defensor de los inmigrantes, le reconoce el que haya dicho que las políticas inmigratorias se aplicaban ilegalmente, pero acota que squienes alieron perdiendo fueron las personas que pedían asilo y que fueron devueltas a México.

“Su fallo respetó cabalmente la ley”, dijo Maldonado. Pero “no creo que le preocupase lo que le pasaba a la gente cuyos casos eran desestimados. Creo que estaba molesto con el gobierno por hacer todas estas cosas ilegales”.

AP

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