Informe de la ONU

Este miércoles 10 de marzo los integrantes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentaron una versión actualizada de su informe con respecto a su trabajo en varias materias relacionadas a derechos humanos en Venezuela y concluyen, tajantemente, que en el país se siguen cometiendo “crímenes de lesa humanidad a gran escala”.

Previamente, en septiembre de 2020, la Misión, encomendada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y cuyo mandato fue renovado por dos años, había presentado un primer documento en las áreas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde el año 2014.

Uno de los primeros puntos que destacan en esta actualización, leída por su presidenta Martha Valiñas, es el referido al hostigamiento desde el oficialismo y los actores de gobierno a la oposición venezolana, al mencionar la realización del evento electoral el pasado 6 de diciembre.

En efecto, señalan que “con esta concentración de poder, el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar, marcado por la represión de la oposición política que destacamos en nuestro primer informe”, al reiterar que los comicios legislativos carecieron de toda legitimidad.

En este ámbito también reseñaron las intenciones desde la nueva AN de investigar a ex diputados opositores, la detención del ex legislador Gilberto Sojo y el juicio que aún se le sigue a Juan Requesens.

En el capítulo de la represión policial y militar la Misión determina que la misma continúa, por tanto, contra las personas percibidas como “enemigos internos” u opositores al gobierno.

También, prosiguen procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares “que investigamos para en el informe de septiembre de 2020”.

Para las y los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos, irreparables.

Mencionan el caso de Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente en prisión preventiva desde diciembre de 2019, y quien falleciera en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud, incluso después de que un tribunal ordenó que se le brindara dicho tratamiento.

Valiñas agregó que “seguimos profundamente preocupados por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil. El capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo, por ejemplo, siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles”.

Continuarán investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas.

El caso de la muerte por tortura del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo también fue tocado en el informe y particulariza que si bien “la nueva acusación del Ministerio Público incluyó los delitos más graves de homicidio calificado con alevosía y tortura. Sin embargo, el Estado sigue procesando sólo a funcionarios de bajo rango por esta muerte”.

Admitieron que “el Estado dijo en su respuesta pública a nuestro informe emitido el pasado mes de septiembre que está investigando más de 600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales. Hemos solicitado al Estado que nos proporcione más información sobre estas investigaciones”.

Detenciones arbitrarias

En este segmento reflejan que “desde la publicación de nuestro informe de septiembre de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él.

Nueve de estas detenciones afectaron a periodistas y a la prensa independiente, quienes también han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas.

“Estamos investigando el caso de Roland Carreño, detenido en octubre de 2020 y acusado de conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra. Todavía no hay fecha fijada para su audiencia preliminar, a pesar de haber transcurrido el plazo establecido por la ley”.

“También señalamos la gravedad de la detención arbitraria del estudiante de medicina colombiano/ecuatoriano, Dr. Leonard Hinojosa, quien fue detenido en Zulia en octubre de 2020 cuando regresaba de Colombia para terminar su residencia. Desde entonces, lleva más de cuatro meses detenido en la instalación de inteligencia militar en Boleíta sin conocer los cargos que se le imputan”.

Ejecuciones extrajudiciales

En septiembre del año pasado, destacamos el grave patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas en el contexto de las operaciones de seguridad.

Hemos identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año e investigaremos las circunstancias en torno a estos casos. También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales, además de las FAES, en estos asesinatos.

Entre el 7 y el 9 de enero, las FAES llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha, en el barrio de La Vega, en Caracas.

Según fuentes policiales, se desplegaron 650 agentes en la operación. Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Además, hemos recibido informes de que las y los funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden re victimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos. Estos incluyen no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias y entregar los cuerpos con el ataúd cerrado, con la instrucción de que no se abra.

Al final, la Misión espera que Venezuela resuelva su crisis de derechos humanos. Establecer los hechos y reconocer que se han cometido errores es el primer paso crucial.

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Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central. Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión.

Los derechos humanos deberían efectivamente estar en el centro de la recuperación de Venezuela, pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido.

Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto.

Fe y Alegría Noticias

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