Amenazas a las que se exponen las ONG por decreto del régimen que las obliga a registrarse

Una providencia en la Gaceta Oficial del 30 de marzo exige a las organizaciones de la sociedad civil entregar al Gobierno listas de beneficiarios y denunciantes

La Gaceta Oficial del 30 de marzo establece una providencia en la cual se ordena a las organizaciones no gubernamentales, ONG, inscribirse en un registro del Gobierno de Nicolás Maduro.

Ese registro obliga a las ONG a dar información sobre sus actividades, incluyendo la lista de personas que reciben asistencia benéfica y humanitaria.

“Se trata de una normativa considerada inconstitucional por especialistas que estiman que tendrá un impacto negativo sobre el trabajo de miles de organizaciones, en especial de aquellas que atienden a víctimas de derechos humanos y a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana”, señaló La Voz de América en un reportaje al respecto.

ONG en riesgo

Marino Alvarado, coordinador de Provea, afirmó que la implementación de la normativa podría en riesgo a quienes denuncien violaciones de derechos humanos.

“A todas las personas que por ejemplo denuncien los abusos de las FAES, los allanamientos arbitrarios, torturas, las detenciones arbitrarias que se cometen a lo largo y ancho en el país”, dijo.

“Esto es como si a las organizaciones de derechos humanos en el Perú de Fujimori, en la Argentina de Videla o el Chile de Pinochet se hubiese obligado a las organizaciones a dar información a esas dictaduras”, añadió.

Reserva de identidad es esencial

De igual forma Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, dijo a la VOA que considera un sinsentido la exigencia de documentos de las organizaciones, porque se trata de información que ya maneja el Estado.

A su juicio lo más grave es la solicitud de la lista de beneficiarios, pues incluye a organizaciones que por ejemplo trabajan con personas con VIH o mujeres víctimas de la violencia.

“Son casos en los que la reserva de la identidad de las personas es algo esencial. En el caso de las personas con VIH porque la historia médica de una persona es algo intimo que no puede ser de conocimiento público. El tema de la violencia, el pasar a terceros está información pone en peligro la vida de las personas”, señaló.

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Daniels considera que uno de los propósitos de la medida es que las organizaciones  delaten a las personas que formulan las denuncias o a las que se les presta un servicio.

“Si algo nos ha enseñado este gobierno a los venezolanos es lo perverso que pueden ser manejando una lista. Que le entreguemos una lista diciendo que en tal zona popular tenemos unos comedores, supone un riesgo de estigmatización, de amenaza, de que se le quiten los beneficios de CLAP, gas doméstico, etc”, explicó.

El Nacional

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