El nuevo decreto fue firmado por el Cardenal Parolin este 28 de septiembre y entrará en vigor a partir del 1 de octubre

El secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, firmó una nueva ordenanza que indica que todos los empleados de la Curia Romana deberán mostrar el Green Pass para acudir a los lugares de trabajo o un certificado negativo periódico; en caso contrario, será considerado como “ausencia injustificada” y no recibirán ninguna retribución.

El nuevo decreto fue firmado por el Cardenal Parolin este 28 de septiembre y entrará en vigor a partir del 1 de octubre.

El texto hace referencia a la ordenanza promulgada el pasado 18 de septiembre, y hecha pública dos días después, firmada por el presidente de la Pontificia Comisión del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia de emergencia sanitaria pública.

En la ordenanza del 18 de septiembre se indicaba que solo se permitirá el acceso al Vaticano a quienes posean el certificado COVID, ya sea la Green Pass del Vaticano, la Green Pass europea o un certificado verde COVD 19 extranjero válido.

En esta línea, el Cardenal Parolin explicó que se deroga este decreto “considerando la necesidad de tomar medidas adecuadas para contrarrestar la actual emergencia pandémica”.

En primer lugar, el texto subraya la obligación de poseer las certificaciones indicadas y “se aplica a todo el personal (superiores, funcionarios y auxiliares) de los dicasterios, organismos y oficinas que componen la Curia Romana y de las instituciones vinculadas a la Santa Sede, y se extiende a los colaboradores externos y a los que en cualquier otra calidad desarrollan actividades en los mismos organismos, al personal de las empresas externas y a todos los visitantes y usuarios”.

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Si tales personas no tienen un Green Pass podrán “presentar un certificado de negatividad al virus Sars-Cov-2, expedido en Italia a raíz de una prueba molecular o antigénica rápida, con la frecuencia indicada por la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano” y especifica que “los costes de la prueba no corren a cargo de la Institución”.

“El personal que no esté en posesión de las certificaciones necesarias no podrá acceder al puesto de trabajo y será considerado como ausente injustificado. Durante la duración de la ausencia, no se realizará ningún tipo de retribución, salvo las retenciones de la seguridad y la asistencia sociales, así como el subsidio familiar”, indica el decreto.

ACI Prensa

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