Crisis hospitalarias

El ente principal de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la vulneración de los derechos de las mujeres gestantes en el país.

L a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la denuncias sobre la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela. Mediante un comunicado publicado el 6 de abril, el organismo internacional instó al Estado venezolano a tomar medidas para solventar esta situación de salud.

El órgano, con sede en San José (Costa Rica), documentó una serie de denuncias que muestran fallas del Estado en la atención médica a mujeres gestantes. Así como otros aspectos de salud sexual y reproductiva que limitan sus opciones dentro del territorio nacional. La CIDH recuerda que estas deficiencias en los servicios hospitalarios pueden implicar violencia obstétrica y, por ende, violaciones a los derechos humanos.

En El Diario recopilamos los puntos más relevantes del comunicado presentado por la CIDH:

Barreras en el acceso a los servicios de salud 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que recibió información sobre lo que calificó como graves fallas y carencias en los hospitales del país para la atención de mujeres gestantes. A principio del año 2020 la comisión visitó la frontera colombo-venezolana. Allí recopiló denuncias de mujeres que aseguraban que para poder dar a luz debían comprar los insumos médicos y profilácticos que requería el parto debido a que los centros de salud en Venezuela no cuentan con eso.

En consecuencia, el organismo precisó que muchas mujeres deben cruzar la frontera con Colombia para atender sus controles prenatales. Incluso realizar el parto en el país vecino. Muchas de ellas se desplazan con sus hijos para recibir atención médica.

La CIDH recordó al Estado venezolano que las barreras en el acceso a servicios de salud materna o gestacional afecta el derecho a la integridad física, psíquica y moral de las gestantes. Incluyendo niñas y adolescentes. Aunado a eso, la falta de insumos y medicamentos requeridos constituye una violación al derecho de igualdad y no discriminación.

Medidas cautelares

El 18 de marzo de 2019, la CIDH otorgó medidas cautelares a las mujeres que se encuentran en las salas de parto y emergencias así como a los niños que están en el área de Neonatología de la Maternidad Concepción Palacios en Venezuela. Esta decisión se tomó luego de documentar denuncias sobre las carencias de insumos médicos y medicamentos, el deterioro de los espacios del centro asistencial y la insalubridad. También se encontró relación entre el número de recién nacidos que fallecieron y la falta de insumos médicos y medicamentos para sus tratamientos. La CIDH instó al Estado a garantizar la dotación de insumos para hospitales, la salubridad de los espacios médicos así como otros requerimientos.

Con este antecedente, la comisión le recordó al Estado que debe cumplir con las medidas cautelares que protegen a las mujeres y niños de este centro de salud. El organismo asegura que estas carencias y barreras en los servicios de atención para las gestantes podrían traducirse en violencia obstétrica.

Falta de métodos anticonceptivos 

Otro aspecto que resalta la CIDH en el comunicado es el poco acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos. Esta situación se refleja en la escasez de métodos en varias regiones del país y los precios elevados de los que están disponibles.

La comisión cita un estudio realizado por la Asociación Venezuela para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) en conjunto con la ONG Convite. Las organizaciones documentaron en el año 2019 una escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de cinco estados del país de entre 83,3% y 91,7%.

“Esta situación —sumada a la legislación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo— puede contribuir al aumento de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos en condiciones inseguras. Además de afectar la autonomía reproductiva y los planes de vida de las mujeres y las personas gestantes de todas las edades”, dice el comunicado de la CIDH.

La CIDH encuentra preocupante que el Estado venezolano no dé a conocer cifras oficiales sobre la mortalidad materna desde  el año 2016.

La Convención Belem Do Pará establece, en su artículo 8, la importancia de la documentación detallada de casos de violencia contra la mujer. Lo que incluye la violencia que se da en centros de salud. Esto con el objetivo de adoptar políticas públicas efectivas destinadas a la erradicación de estas agresiones.

“Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer. Y formular y aplicar los cambios que sean necesarios”, reza el artículo de la convención.

Interrupción del embarazo y leyes restrictivas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró que las leyes restrictivas en Venezuela con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo constituyen una violación a los derechos fundamentales de las mujeres. Vulneran su derecho a la vida, la integridad personal, la salud y a vivir libres de violencia y discriminación.

En el comunicado, resalta la relación que existe entre los niveles de pobreza en el país, los abortos inseguros y la mortalidad materna. Esto ocurre como consecuencia de las carencias y condiciones precarias que enfrentan los hospitales en materia de atención materna y escaso acceso a métodos anticonceptivos. Por esta razón, las mujeres recurren a métodos de interrupción voluntaria del embarazo que ponen en riesgo su vida.

“La violencia sexual tiene un impacto irreparable en las mujeres, niñas y adolescentes. Estas formas de violencia, su magnitud y su impunidad, tienen efectos negativos en su salud reproductiva. Frecuentemente, resultan en embarazos no deseados y de alto riesgo. En prácticas de interrupción del embarazo ilegales e inseguras o en maternidades forzadas”, reseña el comunicado.

En Venezuela, el marco legal sobre el aborto es restrictivo y lo califica como delito en el artículo 432 del Código Penal.

 “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”, reza el artículo.

La única consideración que contempla la ley es cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. En este caso es legal la inducción del aborto. Tomando en cuenta las disposiciones internacionales en torno a este tema, Venezuela incide en una violación a los derechos humanos y reproductivos de la mujer.

Qué recomendaciones da la CIDH

La comisión recomienda al Estado venezolano revisar la legislación vigente sobre interrupción voluntaria del embarazo para que “se garantice el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos”. La organización pide también abstenerse de criminalizar a los defensores de derechos humanos que trabajen en favor de estos derechos.

Además, instó a las autoridades venezolanas a desarrollar protocolos de salud para atender a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Así como disponer para ellas la opción de interrupción legal del embarazo. Todo esto para sí evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de las gestantes.

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La deuda del Estado con respecto a los derechos humanos es amplia y con muchas aristas, una de ellas es garantizar los derechos de las mujeres y evitar violencia o discriminación de cualquier tipo. En Venezuela esta necesidad sigue en crecimiento y no existen políticas públicas destinadas a proteger la integridad de las mujeres ante cualquier agresión.

El Diario

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