Insistió en que autores de crímenes “deben enfrentar” la justicia

El Gobierno de Canadá reiteró este viernes su apoyo a la investigación contra la administración de Nicolás Maduro que realiza la Corte Penal Internacional (CPI), e insistió en que autores de crímenes “deben enfrentar” la justicia.

“La Corte Penal Internacional cuenta con todo nuestro apoyo y confianza. Canadá continuará trabajando con todos los socios para apoyar el trabajo de la CPI en esta investigación. Hacemos un llamado a Venezuela para que coopere con la Corte. Los autores de crímenes internacionales deben enfrentar la justicia“, afirmó en exclusiva a Monitoreamos un portavoz de la cancillería de Canadá.

Tras estas declaraciones, el embajador/AN en ese país, Orlando Viera-Blanco, agradeció al Gobierno de Canadá por “su firmeza y solidaridad con el pueblo” venezolano. El diplomático opositor reafirmó que Canadá deberá “ser distinguida y galardonada con expresiones de reconocimiento por su desempeño en la lucha por recuperar la democracia en el país”, reseñó Centro de Comunicación Nacional.

“Lo definitivo y merecido es que el día que logremos recuperar nuestra normalidad -que es nuestra libertad y democracia- deberá ser distinguida y galardonada con las más elevadas expresiones de reconocimiento”, posteó Viera-Blanco en Twitter.

Investigación en La Haya

Monitoreamos recuerda que el pasado 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la CPI recibió una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, solicitando que se investiguen los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

Luego, en 2020 la Fiscalía de la CPI concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente al menos desde abril de 2017.

Actualmente la instancia se encuentra evaluando la complementariedad de la Corte para investigar y juzgar estos crímenes, y en los próximos días anunciará si abre una investigación formal, fase en la que se imputarían cargos en contra de funcionarios de la administración de Maduro responsables de las violaciones sistemáticas y generalizadas a los Derechos Humanos.

 

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